La dictadora al bote. Por Ángel Guerra Cabrera


La investigación abierta y prisión preventiva contra Jeanine Áñez, ex presidenta de facto de Bolivia,  ex dictadora para mayor exactitud, y dos ex integrantes de su gabinete acusados de sedición, conspiración y terrorismo por los hechos que condujeron al golpe de Estado en 2019 contra el presidente Evo Morales marca un hito fundamental en el restablecimiento del régimen constitucional y de la justicia en Bolivia. Habría que añadir el efecto ejemplarizante que el hecho tiene para América Latina y el Caribe, donde la impunidad ha sido la regla para los autores de las innumerables rupturas del orden democrático, incluyendo las más recientes contra presidentes de la ola progresista iniciada tras la elección de Hugo Chávez en 1998. Conviene recordar que Áñez se autoproclamó presidenta del Senado y más tarde presidenta de Bolivia en una sesión donde solo había 9 senadores y estaba ausente la mayoritaria bancada del MAS. Eso sí, recibió la banda presidencial de manos del jefe de las fuerzas armadas.  La fiscalía también emitió órdenes de captura contra los exministros Yerko Núñez (presidencia), Arturo Murillo (interior) y Fernando López (defensa) y exjefes militares y policiales.  Entre los militares destacan el general Williams Kaliman, jefe de las fuerzas armadas que desencadenó el golpe al pedir la renuncia de Morales, y su sucesor Carlos Orellana, el primero residente actual en Estados Unidos y el segundo en Colombia. Murillo y López se ausentaron del país después de la arrolladora victoria electoral en noviembre de 2020 de los  candidatos masistas a presidente y vicepresidente  Luis Arce y David Choquehuanca. Sigue leyendo