El Gobierno de EEUU, a través de la National Endowment For Democracy (NED) (1), financia al llamado Observatorio Cubano de los Derechos Humanos (2), con sede en Madrid, y a su filial en Cuba, la denominada Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (3).
El papel de ambas entidades es elaborar listados mensuales de supuestas “detenciones arbitrarias” de “activistas de derechos humanos” en la Isla. Estas generan, de manera automática, notas de las grandes agencias (4) y noticias en los principales medios internacionales (5) que, a su vez, servirán para generar presiones políticas y diplomáticas a La Habana (6). En el caso del actual Gobierno de EEUU, han sido la justificación esgrimida por Donald Trump para el retorno a la política dura de bloqueo y sanciones contra la Isla (7).
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La pupila insomne 